Superando los programas asistencialistas: Enseñanzas del camino celta.
Dale un pez a un hombre y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Proverbio chino.
Las políticas sociales de transferencias directas han sido una herramienta clave para aliviar la pobreza en muchos países, ofreciendo apoyo económico inmediato a las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, una revisión crítica de su efectividad a largo plazo revela que, aunque estas políticas cumplen con su cometido de mejorar las condiciones inmediatas de las personas en situación de pobreza, no atacan las raíces estructurales de la misma. Los casos de Brasil, Argentina y Sudáfrica son claros ejemplos de cómo, a pesar de los avances iniciales, estas medidas asistencialistas terminan perpetuando la dependencia en lugar de empoderar a las personas para salir de la pobreza de manera sostenible. En contraste, Irlanda, un país que enfrentó graves problemas de pobreza estructural hasta finales del siglo XX, se destaca por su enfoque orientado al desarrollo económico inclusivo y la creación de empleos formales, logrando una reducción estructural de la pobreza sin generar dependencia del Estado.
En México, un fenómeno similar pudo observarse bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien gozó de una alta popularidad durante su gobierno, en parte debido a los programas sociales que implementó y amplió tanto en términos de recursos como de cobertura. Estos programas, junto con el aumento consecutivo del 20% del salario mínimo, contribuyeron a que más de 9.5 millones de mexicanos salieran de la pobreza entre 2018 y 2024, una cifra sin precedentes para un periodo de seis años, de acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial titulado Macro Poverty Outlook for Latin America and the Caribbean.
Sin embargo, este logro viene acompañado de importantes desafíos a largo plazo. Para sostener la expansión de estos programas, la deuda neta del sector público pasó de 10.8 billones de pesos en el cuarto trimestre de 2018 a 16.1 billones de pesos en el segundo trimestre de 2024, representando un incremento del 52 % en solo seis años. Todo esto en el contexto de una economía que apenas creció un promedio de 0.8 % interanual durante el sexenio. Estos datos nos llevan a plantear una interrogante crucial: ¿realmente estas políticas de transferencias directas permitirán que las personas superen la pobreza estructural de manera sostenible, o simplemente las mantendrán dependientes del Estado para su subsistencia, con todo lo que eso significa?
Además de sus implicaciones económicas y sociales, no se puede ignorar el uso electoral de los programas sociales de transferencias directas, que ha sido una constante en muchos países. En América Latina, las transferencias directas han sido una herramienta poderosa para ganar popularidad y apoyo electoral. La expansión de los programas sociales durante el gobierno de López Obrador ha sido una de las razones por las cuales su base de apoyo se mantuvo fuerte. Este tipo de programas, aunque útiles para mitigar la pobreza temporalmente, pueden convertirse en una herramienta de naturaleza política, ya que los beneficiarios de los subsidios a menudo asocian su bienestar directo con la continuidad de un gobierno específico. Esto plantea un dilema sobre la capacidad de estas políticas para emancipar económicamente a las personas o simplemente asegurar la fidelidad electoral.
Si en algún momento los programas sociales asistencialistas se suspenden o reducen significativamente, muchos de los beneficiarios que han salido de la pobreza podrían volver rápidamente a caer en ella, al no contar con las condiciones estructurales que les permitan sostenerse de manera independiente.
Según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Oxford, a través de su Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), la pobreza estructural es una condición en la que las personas carecen de los medios necesarios para alcanzar una independencia económica sostenida, debido a limitaciones en el acceso a recursos clave como la educación, el empleo formal y productivo, y las oportunidades para generar ingresos autónomos. Este tipo de pobreza persiste porque las personas no cuentan con las herramientas ni el entorno económico adecuado para emanciparse del apoyo gubernamental o de otros tipos de asistencia, lo que las mantiene dependientes de estos programas para su subsistencia.
El caso de Brasil: El espejismo del éxito temporal
El Bolsa Família, uno de los programas más reconocidos de transferencias condicionadas en América Latina, fue implementado en Brasil con la promesa de reducir la pobreza extrema. Más de 20 millones de personas salieron de la pobreza extrema entre 2003 y 2012. Sin embargo, este logro se sostuvo sobre una base frágil, ya que la pobreza estructural no fue abordada de manera integral. Según el Banco Mundial y el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), aunque el programa mejoró las condiciones de vida a corto plazo, muchos de sus beneficiarios continuaron dependiendo de las transferencias para subsistir, sin acceso a empleos formales que garantizaran su autonomía económica.
Argentina: Subsidios sin emancipación económica
La Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina, implementada en 2009, alcanzó a más de 3.7 millones de niños. Aunque mejoró el acceso a la educación y la salud para las familias más pobres, los estudios del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalaron que los beneficiarios seguían atrapados en la pobreza estructural, debido a la falta de inversiones en el desarrollo económico que les permitieran acceder a empleos formales. Esto revela una vez más la incapacidad de estas políticas para generar independencia económica sostenible.
Sudáfrica: Políticas sociales que no logran romper el ciclo de vulnerabilidad
En Sudáfrica, programas como las pensiones no contributivas y las subvenciones para el cuidado infantil lograron mitigar la pobreza extrema, pero a costa de crear una dependencia crónica. Según el Banco Mundial, más del 63 % de los hogares más pobres dependen de estos subsidios para sobrevivir, mientras que el país enfrenta una tasa de desempleo que superó el 30 % en los últimos años, lo que impide una inserción laboral sostenible para la población vulnerable.
Irlanda: Un modelo de éxito sin dependencia
Frente a los ejemplos de políticas asistencialistas, Irlanda se destaca como un caso exitoso en la erradicación de la pobreza estructural. Hasta finales de la década de 1980, Irlanda era uno de los países más pobres de Europa, pero en lugar de implementar programas de transferencias directas, adoptó un enfoque centrado en impulsar el crecimiento económico inclusivo, la atracción de inversión extranjera directa y la inversión en capital humano.
Una de las políticas clave que facilitó este cambio fue la reducción del impuesto corporativo (nuestro equivalente al Impuesto Sobre la Renta), que se estableció en un 12.5 %. Este tipo impositivo, significativamente más bajo que en muchos otros países europeos, atrajo a multinacionales tecnológicas y farmacéuticas de todo el mundo, como Apple, Google, Microsoft y Pfizer. La llegada de estas empresas no solo estimuló el crecimiento económico, sino que también generó empleos formales bien remunerados, con beneficios económicos tangibles para la población irlandesa.
Además de la política fiscal, Irlanda implementó un cambio de paradigma en su sistema educativo. El gobierno se centró en desarrollar un sistema educativo técnico y superior de clase mundial que pudiera equipar a su población con las habilidades necesarias para satisfacer la demanda de las nuevas industrias que estaban surgiendo en el país. Esto incluyó la creación de programas específicos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), esenciales para el crecimiento de los sectores tecnológico y farmacéutico.
El Programa Nacional de Desarrollo de Capacidades (National Skills Strategy), implementado en 2007, fue fundamental en este proceso. Se centró en aumentar la participación en la educación terciaria y en mejorar las habilidades técnicas de la fuerza laboral. Como resultado, la proporción de personas con educación terciaria pasó del 30 % en 1995 a más del 50% en 2020, asegurando que la población irlandesa estuviera preparada para ocupar los empleos altamente calificados que se estaban creando. Este énfasis en el capital humano permitió a Irlanda aprovechar plenamente las inversiones extranjeras y crear una economía basada en el conocimiento.
A medida que Irlanda avanzaba con estas reformas, el país experimentó una baja constante en la tasa de pobreza. Según datos del Banco Mundial, entre 1990 y 2020, Irlanda logró reducir su tasa de pobreza en más de un 50 %, consolidando su éxito en términos de desarrollo económico y bienestar social.
Además, Irlanda logró un hito importante en cuanto a PIB per cápita. Históricamente, el país se encontraba por debajo de la media en comparación con las principales economías de Europa. Sin embargo, en 1998, gracias a sus políticas de crecimiento y desarrollo, Irlanda superó a países como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia en PIB per cápita, consolidándose como un líder en términos de crecimiento económico en Europa.
Por otro lado, en términos del Índice de Desarrollo Humano (IDH), Irlanda se encontraba en el puesto 30 en 1990, cuando se lanzó el primer informe de este indicador. Con una estrategia bien planificada de crecimiento económico, Irlanda logró ascender al puesto 7 en el IDH para 2024. Este progreso no solo es un reflejo de su incremento en ingresos, sino también de su mejora en aspectos clave como la educación y la esperanza de vida.
Al contrastar este progreso con México, que ocupaba el puesto 62 en el IDH en 1990 y para 2024 ha descendido al puesto 77, se evidencia una clara diferencia en los enfoques de desarrollo. Mientras que Irlanda invirtió fuertemente en educación y capital humano, México ha dependido principalmente de políticas asistencialistas de corto plazo, lo que ha limitado su capacidad para mejorar de manera sostenida el bienestar de su población. Esta comparativa subraya cómo Irlanda ha sido más exitosa en construir una base sólida para el desarrollo humano, mientras que México ha perdido posiciones en este indicador clave.
Además, el gobierno irlandés desarrolló políticas para integrar a la población menos preparada mediante programas de capacitación, como Skillnet Ireland, y empleos en sectores de servicios y turismo, lo que permitió que incluso los grupos vulnerables mejoraran sus ingresos.
Como se ha señalado, los programas de transferencias directas logran atenuar la pobreza de forma temporal, pero ¿hasta qué punto son realmente una solución estructural? Cuando millones de personas dependen de estos programas para sobrevivir, la pregunta no es si están mejor hoy, sino si podrán mantenerse fuera de la pobreza cuando esos apoyos ya no estén disponibles. La verdadera solución no pasa por seguir aumentando las transferencias, sino por crear las condiciones que permitan a cada individuo sostenerse de manera autónoma y digna.
El caso irlandés nos muestra que es posible erradicar la pobreza estructural con inversiones a largo plazo en educación, empleo formal y desarrollo económico. En cambio, los casos de Brasil, Argentina y Sudáfrica son advertencias de que, sin cambios profundos, las transferencias directas se convierten en parches temporales que ocultan la fragilidad subyacente. A la larga, es la autonomía económica y no la dependencia la que determina el verdadero progreso social.
Por lo tanto, ¿queremos en México realmente resolver la pobreza estructural, o solo maquillarla con medidas asistencialistas? La respuesta puede determinar el futuro de millones en nuestro país.
